La Procuraduría General de la Nación confirmó en fallo de segunda instancia la destitución e inhabilitación por nueve años de Gloria Cecilia Cabrales Solano,
exrepresentante legal y gerente de la Empresa Aguas de Córdoba S.A. E.S.P. La sanción se impuso por haber suscrito convenios interadministrativos con asociaciones de municipios sin cumplir los requisitos establecidos por la Ley 489 de 1998 para la contratación estatal, lo que vulneró la normatividad y puso en riesgo la transparencia en la gestión pública.
Según el fallo, Cabrales Solano aprovechó esta modalidad de contratación directa para firmar acuerdos destinados a la ejecución de obras de acueducto en corregimientos como Los Garzones en Montería, en la vereda Loma Grande y en municipios como San Pelayo y Tierralta, entre otros. Sin embargo, muchas de las asociaciones beneficiadas no contaban con la capacidad jurídica ni los requisitos financieros, técnicos y operativos necesarios para llevar a cabo dichas obras de manera directa. La Ley 136 de 1994 establece que, si bien las asociaciones de municipios pueden organizar conjuntamente la ejecución de obras, deben someterse a procesos competitivos que acrediten su capacidad para desarrollar el objeto contratado.
