Es cierto que los pueblos indígenas deben ser respetados y sus derechos y autonomía deben garantizarse. Pero una cosa es respetar a las comunidades y otra muy distinta es permitir que algunos vivarachos, sean capitanes, caciques o cualquier otro cargo que los represente, sigan haciéndole culto a la corrupción y aprovechándose de su gente para manejar recursos, repartir favores y controlar empleos públicos. ¡Eso no se puede seguir tolerando bajo ninguna justificación!
Los derechos de las comunidades indígenas merecen respeto, pero no pueden convertirse en una herramienta para que algunos dirigentes acumulen poder o manejen a su antojo los recursos y las oportunidades. En Chimá y Tuchín hay que ponerle la lupa a esas prácticas y exigir transparencia.
Por eso, si el nombramiento del celador de la Institución Educativa Santo Domingo Vidal de Chimá cumplió con la ley, considero acertado que el gobernador de Córdoba haya tomado la decisión directamente, sin intermediarios. Los cargos públicos no pueden depender de avales políticos o comunitarios utilizados como moneda de cambio.
La autonomía indígena se respeta; el clientelismo y la corrupción, no.
Ningún capitán, cacique o representante puede adueñarse de los derechos de una comunidad para convertirlos en negocio de favores, empleos y poder. Los recursos y las oportunidades son de la gente, no de quienes quieren manejarlos como si fueran de su propiedad.
Excelente, señor gobernador. Ya era hora de que alguien le pusiera freno a semejante sinvergüensura. Esto no puede seguir así.
